El panorama comercial en la región andina enfrenta un cambio estructural significativo. A partir del 1 de febrero de 2026, Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. Esta medida ha desencadenado una respuesta inmediata por parte del gobierno colombiano, que ha implementado aranceles recíprocos y la suspensión de la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador.

Impacto en la Operativa Aduanera

Para los operadores de comercio exterior, es crucial distinguir la naturaleza de este cobro para evitar errores en la proyección de costos:

Vigencia del Certificado de Origen: El Certificado de Origen (CAN) no queda sin efecto, pero su alcance es limitado frente a esta nueva disposición. Mientras que el certificado libera el Arancel Ad-Valorem (0%), la nueva tasa del 30% se aplica como un recargo adicional sobre el valor FOB, fundamentado en razones de seguridad nacional.

Base Imponible: El gravamen se suma a la liquidación aduanera habitual, lo que representa un incremento directo en el costo de nacionalización de mercancías colombianas.

Bilateralidad de la crisis: Colombia ha respondido con un “arancel espejo” del 30% para productos ecuatorianos, afectando principalmente a los sectores de alimentos procesados y madera.

Consideraciones para Importadores y Exportadores

Ante la posibilidad de que esta medida sea impugnada ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se recomienda mantener el rigor documental:

Continuidad Documental: Es imperativo seguir tramitando los Certificados de Origen. En caso de una futura resolución a favor del libre comercio, estos documentos serán el respaldo legal para cualquier reclamo o devolución de tributos pagados en exceso.

Análisis de Partidas: Si bien la medida es generalizada, es necesario monitorear los decretos reglamentarios por si se establecen excepciones para materias primas o insumos críticos.

Seguridad Jurídica: La situación actual genera un precedente de inestabilidad en la Zona de Libre Comercio, lo que obliga a las empresas a revisar sus contratos de suministro y términos de venta (Incoterms).

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